Un Juez Boricua da 24 horas para responder a moción de desestimación de demanda por escoltas de Rosselló

Orlando José Aponte Rosario entabló el pleito contra el gobierno por la otorgación de protección al exgobernador cuando se trasladó a los Estados Unidos

El juez superior Anthony Cuevas Ramos del Centro Judicial de San Juan le concedió hoy, lunes, un término de 24 horas a la representación legal de Orlando José Aponte Rosario, quien impugnó la otorgación de escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares tras su salida y traslado a Estados Unidos, para que responda a una moción radicada por el gobierno en la que solicitó la desestimación de la demanda por haberse tornado “académica”. 

Una vez cumplido el término el Estado, representado por la licenciada Tania Libertad Fernández y el licenciado Antonio Cintrón Almodóvar, tendrá 24 horas para someter su respuesta. 

En la moción de 20 páginas, el Gobierno de Puerto Rico alega que la controversia se tornó académica -por lo que no existe legitimización activa- luego que el pasado 19 de agosto la gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenara el regreso al país de la escolta designada a Rosselló en los Estados Unidos, determinación fue efectiva el pasado 1 de septiembre.

“No debe quedar duda que lo alegado en la demanda la ha tornado académica, ya que la escolta al exgobernador, el honorable Ricardo Rosselló Nevares, le fue suspendida por orden de nuestra gobernadora…de manera que el gobierno de Puerto Rico sostiene que procede la desestimación sin dilación”, lee el documento. 

No obstante, el licenciado Alberto Rivera Ramos, abogado de Aponte Rosario, insistió en que se debe atender la controversia, pues la suspensión de las escoltas surgió porque no existen amenazas procesales contra Rosselló Nevares, por lo que, alegó, existe la posibilidad de que éste reciba el servicio de seguridad en un futuro cuando esté en la Isla.  

“No dice esa certificación que se están terminando las escoltas porque tal y como se planteó en el recurso de mandamus y sentencia declaratoria, está en contravención a la orden general 100 de la Policía y a la Ley 2 del 1965 donde se define lo que es un exgobernador”, argumentó Rivera Ramos.   

“La contención del demandante es que estas escoltas son ilegales como cuestión de derecho y de hecho…ellos (el jefe de la Policía, Henry Escalera) han manifestado que se las van a conocer tan pronto esté en la jurisdicción de Puerto Rico como un derecho adquirido y nosotros entendemos que esas circunstancias… permiten que se sostenga el mandamus de manera provisional”, sostuvo. 

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