Un gasoducto enfrenta a México, Estados Unidos y Canadá

El Gobierno de López Obrador entra en una disputa con las empresas que construyeron el ducto marino que va de Texas a Veracruz

La península de Yucatán se oscureció por lo menos una vez en los meses de marzo, abril y junio de este año. Los mexicanos del sureste padecieron los tres masivos cortes de electricidad en los días cálidos de primavera en los que el termómetro llegó a alcanzar los 40 grados. La demanda de luz en esos días fue altísima, debido principalmente al intenso uso del aire acondicionado, pero el suministro eléctrico no fue suficiente. La región sufre desde hace varios años una importante escasez de gas natural para generar la energía eléctrica que eche a andar no solo los sistemas de aire acondicionado, sino también a la industria. “No hay luz porque no hay suficiente gas en la península de Yucatán”, resume Gonzalo Monroy, consultor en energía y director de GMEC.

Para reparar la histórica escasez, el Gobierno mexicano organizó en 2016 la construcción de un gasoducto para traer el hidrocarburo desde Estados Unidos. El proyecto era ambicioso: un ducto de 42 pulgadas en el fondo del golfo de México que recorriera 800 kilómetros desde Brownsville (Texas, EE UU) hasta Tuxpan (Veracruz) para suministrar una tercera parte de todo el gas natural necesario para México. La obra de 2.000 millones de dólares fue asignada a la canadiense TCEnergy —conocida anteriormente como TransCanada— y a IEnova, una subsidiaria de la estadounidense Sempra. El plan, diseñado por la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto, era que para finales de 2018 el gas estuviera ya en la Península. Las empresas se demoraron casi seis meses más en terminar la construcción y el 11 de junio de 2019 anunciaron que el ducto estaba listo.

Un gasoducto enfrenta a México, Estados Unidos y Canadá
EL PAÍS
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal encargada del suministro eléctrico, debía emitir una constancia en la que aceptaba la obra terminada y en la que ponía una fecha de inicio de operaciones. Esto aún no ha sucedido. Su director, Manuel Bartlett —un veterano político con poca experiencia en el sector energético— planteó entonces una renegociación de los contratos firmados en 2016 con TCEnergy e IEnova. “El propósito del Gobierno es renegociar los contratos, buscar contratos equitativos”, dijo el director de la CFE, entonces. Las firmas se negaron y ambas partes amenazaron con comenzar una pelea en tribunales internacionales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado las condiciones de los contratos como «excesivos y leoninos». Su Gobierno buscaba con la renegociación dos objetivos: conservar el monto de una carta de crédito dado como garantía por las empresas y modificar la responsabilidad de las partes en eventos de fuerza mayor (como desastres naturales, accidentes, o movimientos sociales). Monroy, de GMEC, explica que los términos del contrato original entre las empresas y la CFE están dentro de los estándares internacionales y que no son abusivos, como ha argumentado Bartlett. “CFE va a perder porque el contrato está así y no lo pueden negar y cuando pierda le van a salir carísimo al Gobierno mexicano, van a tener que pagar hasta los taxis de los abogados”, comenta Monroy. López Obrador ha organizado en las últimas semanas mesas de negociación entre la CFE y las empresas involucradas, sin que hasta el momento hayan llegado a un acuerdo. López Obrador ha asegurado que la disputa podría terminar esta misma semana.

La tensión por el gasoducto ya ha escalado internacionalmente. El primero en manifestar su descontento fue el embajador de Canadá en México, Pierre Alaire: “Estoy profundamente preocupado por las acciones recientes de la CFE y por la señal que envían de que, a pesar de las declaraciones de López Obrador, México no desea respetar los contratos de gasoductos”, escribió en junio, en su cuenta de Twitter. El mensaje del diplomático dio visibilidad al conflicto que comenzó a llamar la atención en Ottawa. “El Gobierno canadiense está preocupado por las acciones de la Comisión Federal de Electricidad, que exige la eliminación de ciertas cláusulas contractuales estándar, como es la cláusula de fuerza mayor”, expresó a EL PAÍS Sylvain Leclerc, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá. “Nos parece un incumplimiento de contratos escritos y emitidos por el Gobierno mexicano, a través de la CFE. Estamos en conversaciones con el Gobierno mexicano para enfatizar la importancia de respetar los contratos debidamente firmados”, agregó.

Un mes más tarde, el 25 de julio, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta al presidente López Obrador para pedir que las negociaciones den paso al funcionamiento del gasoducto. “México y Texas se beneficiarían”, escribió Abbott. Aunque ni EE UU ni Canadá han manifestado abiertamente que el gasoducto puede afectar la relación comercial entre los tres países, el Gobernador texano ha dejado deslizar uno de los grandes temores en México: la ratificación del Tratado de Libre Comercio. “Las dudas sobre los retrasos y los contratos de larga duración y negocios entre México, Estados Unidos y Canadá pueden impactar negativamente a nuestras economías en los siguientes años. Como usted sabe, el Tratado Estados Unidos, México, Canadá (TMEC) todavía tiene que ser ratificado por los tres países. Las violaciones al Tratado de Libre Comercio o el incumplimiento de los contratos podrían poner en peligro al TMEC”, apuntó Abbott.

El asunto también ha estado a debate dentro del Gobierno de López Obrador. Carlos Urzúa, quien fungió como secretario de Hacienda hasta hace un mes, reconoció en una entrevista a la revista Proceso que una de las razones de su dimisión fue la disputa por el ducto. Urzúa no estaba de acuerdo en renegociar el contrato de 2016. “Puede ser cierto que el gasoducto haya salido caro, como afirma Bartlett, pero lo cierto es que nosotros firmamos un contrato y debemos cumplirlo”, dijo. El exministro acusó a Bartlett de no tener los conocimientos suficientes sobre el tema y de generar un problema donde era necesaria una solución. “El pleito va a durar años y es muy probable que México lo pierda, además de que no podremos usar ese gasoducto por un buen rato. Es es jugar literalmente con fuego y con el bienestar de millones de mexicanos que viven en la península de Yucatán, donde ya hay apagones severos porque no hay gas”, remató Urzúa.

LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE LÓPEZ OBRADOR
SONIA CORONA

Cuando Andrés Manuel López Obrador comenzó su Gobierno, en diciembre de 2018, prometió que retomaría la industria energética de México desde una perspectiva estatal. Históricamente el mandatario ha estado en contra de la apertura del sector a la iniciativa privada y ha protestado contra la reforma energética implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, pero ha prometido no anularla. En los últimos meses, el Gobierno de López Obrador ha cancelado las subastas en petróleo y electricidad por lo que el proceso por el que los inversionistas privados participaban del mercado energético se detuvo. Además, el presidente ha anunciado la construcción de una refinería en Dos Bocas (Estado de Tabasco) para disminuir la importación de combustibles desde EE UU.

La petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha sido la más favorecida con millonarios recursos para paliar su altísimo endeudamiento. “La otra prioridad es el rescate de Pemex, del sector energético. Vamos a seguir invirtiendo en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, porque son empresas fundamentales de la nación. Había el propósito de desaparecerlas, de arruinarlas, ahora las vamos a apuntalar, a consolidar a las dos empresas; es decir, se va a producir más petróleo, se va extraer más petróleo, más gasolinas y se va a generar más electricidad”, ha explicado el presidente.

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